Europa se arrodilló ante Volkswagen

El escándalo del «dieselgate» destapó a finales de en 2015 uno de los mayores fraudes de la historia automovilística y también un indignante doble rasero en la protección de los consumidores a uno y otro lado del Atlántico. Los gobiernos europeos terminaron plegándose a una marca que fue creada en 1937 por el Frente Alemán del Trabajo, una organización sindical alemana auspiciada por el nazismo, y con una enorme influencia económica y política.

En 2017, y tras saltar a la luz pública a finales de 2015 el escándalo del fraude de la manipulación de emisiones contaminantes en sus vehículos diésel, Volkswagen fue condenada en EEUU a pagar más de 25.000 millones de dólares en multas e indemnizaciones directas a los usuarios. Mientras tanto, en Europa, las sanciones globales apenas rozaron una fracción de esa cifra y la empresa se ha negado de forma global y sistemática a compensar de forma automática a los conductores europeos, forzándolos a acudir a los Tribunales de Justicia en los distintos países.

Solo se produjeron acuerdos de indemnización en EEUU, Reino Unido, Canadá y Australia. En Europa, la automovilística ofreció acuerdos con cuantías decepcionantes en Alemania e Italia tras la presentación de demandas colectivas y años de litigios judiciales.

A diferencia de Europa, las autoridades federales estadounidenses obligaron a Volkswagen a llegar a acuerdos civiles con los afectados. Cada conductor estadounidense recibió entre 5.000 y 10.000 dólares en efectivo, además de la opción de que Volkswagen les recomprara el vehículo a precio anterior al escándalo o se lo reparase.

El Departamento de Justicia de EEUU impuso una multa penal de 4.300 millones de dólares tras declararse la empresa culpable de fraude, conspiración y obstrucción a la justicia. La Comisión Federal de Comercio (conocida como FTC, por sus siglas en inglés), agencia norteamericana encargada de la protección de los consumidores y la competencia, forzó también a que Volkswagen indemnizara a los consumidores, alegando que la empresa infringió la Ley e incurrió en publicidad y venta engañosa y desleal de sus vehículos diésel supuestamente «limpios». La FTC se centró en acusar a VW de fraude a los consumidores por la publicidad de sus vehículos bajo el lema «Diésel Limpio» (Clean Diesel), acusándola de vender vehículos con alto estándar medioambiental que en realidad contaminaban hasta 40 veces más de lo permitido.

A las multas e indemnizaciones se sumó la condena de cárcel para directivos de la firma. La justicia estadounidense procesó criminalmente a altos cargos y encarceló de forma efectiva a dos ejecutivos clave que sí estaban bajo la jurisdicción de EEUU.

La respuesta de Europa

En Europa, donde Volkswagen vendió más de 8 millones de vehículos trucados frente a los 600.000 de EEUU, ha sido tratada con guantes de seda.

La mayor sanción económica de carácter administrativo y corporativo la impuso la fiscalía alemana de Brunswick por valor de 1. 000 millones de euros en 2018 por una infracción administrativa de supervisión.

Organismos reguladores de homologación de vehículos, medioambientales y de control de emisiones y las autoridades administrativas de protección de los consumidores europeos no presionaron ni forzaron el acuerdo para que Volkswagen asumiera indemnizaciones automáticas para los consumidores afectados.

La Audiencia Nacional en España decidió archivar la causa penal contra la empresa y sus directivos y trasladar el asunto a Alemania, dejando aun más indefensos a los consumidores españoles. Los directivos fueron juzgados tardíamente en Alemania. En 2025 la justicia alemana condenó finalmente a penas de prisión a cuatro exdirectivos clave por fraude en banda organizada, imponiendo penas de hasta cuatro años y medio de prisión firme para los principales responsables técnicos, pero dejó fuera del procedimiento penal las indemnizaciones civiles por los daños causados a los vehículos de los consumidores.

La gran mayoría de los gobiernos europeos no abrieron procedimientos sancionadores contra el grupo automovilístico, ni por vulneración de la legislación europea de homologación de vehículos ni por el engaño y fraude a los consumidores.

La falta de presión de autoridades de protección al consumidor y organismos reguladores europeos propició que el gigante automovilístico aún reforzara más su posición y se negara a indemnizar a los consumidores del viejo continente, alegando que los vehículos eran reparables mediante una simple actualización de software, forzando a que los consumidores acudieran a los tribunales de justicia en una posición de desigualdad. Los resultados de actuaciones judiciales de los usuarios tras años de litigios han sido claramente injustos.

Así, usuarios alemanes que demandaron a VW en Alemania se encontraron que el Tribunal Supremo alemán obligó a la marca a pagar y forzó un pacto colectivo en Alemania de 830 millones de euros para compensar a unos 260.000 clientes (recibiendo entre 1. 350 y 6. 257 euros por coche).

Las demandas civiles presentadas contra VW en España también han llegado al Tribunal Supremo de nuestro país que ha determinado que la inclusión del software malicioso para burlar los controles de emisiones constituía un engaño y un incumplimiento contractual que generaba incertidumbre e incomodidad en el consumidor pero solo ha reconocido una indemnización de 500 euros bajo el concepto de daño moral y no ha dado por probados daños materiales a los vehículos de forma generalizada ni automática. De esta forma, las reclamaciones individuales por la vía civil en España que buscaban indemnizaciones equivalentes a un porcentaje del valor total del coche (como el 10 % o la devolución del importe) ha sido desestimadas de forma generalizada.

Trato desigual y discriminatorio

A las demandas civiles de consumidores españoles en Alemania, que perseguían como mínimo un trato similar a los consumidores alemanes, se les ha aplicado sin embargo el mismo criterio del Tribunal Supremo español y los juzgados del país germano han estimado solo parcialmente las demandas de los consumidores y reconocido 500 euros por daño moral.

Este escenario pone en evidencia al trato desigual y discriminatorio que frente a un mismo fraude global se ha dado a los consumidores, que ha dependido en gran medida y de forma decisiva del papel desempeñado por autoridades y organismos reguladores nacionales.

La debilidad reguladora de la UE y su laxitud con la firma alemana, en contraposición con el papel jugado por las agencias federales de EEUU, han dejado a los consumidores como única salida la interposición de demandas civiles con resultados claramente decepcionantes e injustos. La estrategia de Volkswagen ha sido recurrir sistemáticamente cada sentencia para cansar a los usuarios y retrasar los pagos. En muchos casos los costes judiciales para los consumidores superan con creces la indemnización reconocida por los tribunales.

Diez años después, el llamado «dieselgate», revela que el sistema de protección a los consumidores en Europa hace aguas por todas partes y refuerza la impunidad para las grandes marcas multinacionales. Ocho millones de usuarios europeos merecían y merecen justicia y respeto.

---

Olga Ruiz Legido es la presidenta de FACUA.

Publicado originalmente en el número 235 de la revista Consumerismo.