Hay que tomar medidas urgentes para evitar otra tragedia ferroviaria

España ha optado por un modelo ferroviario liberalizado en el que las mismas infraestructuras son utilizadas por distintas compañías. Un modelo con un alto nivel de oferta que requiere también un alto nivel de control para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Es evidente que algo está fallando. Más allá de las responsabilidades que tengan que depurarse ante la tragedia de Urda, en la que han fallecido decenas de pasajeros, es evidente que tienen que mejorar los protocolos de seguridad en el sector. Y tienen que mejorar de inmediato.

Una mejora que también conlleva continuar realizando inversiones. Esas inversiones que salen de nuestros impuestos. Esos impuestos que tanto demonizan algunos que no saben lo peligroso que resulta devaluar la calidad de nuestros servicios púbicos. O quizás lo saben pero no les importa.

Pero la catástrofe ferroviaria de Urda también ha vuelto a sacar a la luz otras dos cuestiones de enorme relevancia para los consumidores. La primera, el riesgo de que los buitres intenten aprovecharla inflando los precios de servicios que pasan a tener una alta demanda como consecuencia de las cancelaciones de trenes. Vuelos, alquileres de coches… Eso implica la necesidad de aprobar un cambio legal que faculte al Gobierno para imponer topes a sus precios en coyunturas como esta. Un cambio legal que el PP, Vox y Junts impidieron el pasado febrero cuando tras la tragedia de Adamuz se intentó validar en el Congreso un Real Decreto-Ley que iba a proteger a los consumidores frente a los abusos de las empresas.

La segunda cuestión que pone al descubierto lo ocurrido en los últimos días es la relajación en la que están instaladas las dos nuevas empresas del sector ferroviario cuando se trata de cumplir sus obligaciones. Empresas que mayoritariamente están en manos del Estado italiano, en el caso de Iryo, y del francés, en el de Ouigo. Pero que no asumen el cumplimiento del Reglamento europeo que las regula de la misma forma que sí lo hace Renfe.

Iryo y Ouigo han decidido saltarse la obligación de facilitar transportes alternativos a los pasajeros afectados por las cancelaciones de trenes en los trayectos que unen Andalucía con Madrid. Solo dan la opción de reembolsar el importe de los billetes y que los pasajeros se busquen la vida para llegar a sus destinos. Una ilegalidad a la que desde FACUA hemos contestado con denuncias ante los ministerios de Consumo y Transportes. Esperemos que el Gobierno reaccione rápido, inste a las compañías a cumplir sus obligaciones y les abra los expedientes sancionadores que corresponden.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.

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Editorial del episodio 134 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.