Consumo tiene que multar ya a las empresas que se saltan el decreto Maricarmen

Para sorpresa de nadie, agencias inmobiliarias y grandes portales dedicados a anunciar alquileres de pisos están tomándose a broma los cambios legales aprobados por el Gobierno para aportar más transparencia a este tipo de publicidad, para garantizar que en las zonas tensionadas se aclare cuál es el precio tope fijado de forma que no le cuelen a nadie un importe superior al permitido por la ley. Para que quien busca piso sepa si quien está ofertando esa vivienda es un gran tenedor o un pequeño propietario.

Cuestiones que resulta esencial conocer y que forman parte de normas aprobadas finalmente en la Diputación Permanente del Congreso después de que las derechas tumbaran los reales decretos que pretendía aprobar el Gobierno. Han salido adelante las normas pero ahora las empresas que tienen que cumplirlas en materia publicitaria hacen como que la historia no va con ellas.

Y por supuesto que va.

Y lo que tienen que ir ahora son las multas. Las multas que el Ministerio de Consumo tiene que imponer a los seis grandes portales inmobiliarios que hemos denunciado, y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas tienen también que aplicar a las agencias inmobiliarias que están vulnerando la legislación.

Por cierto, se vulnera de otras muchas formas. Hay territorios donde no se aplican estas nuevas obligaciones porque no hay declaración de zonas tensionadas. Y no porque los alquileres no estén caros sino porque las derechas que gobiernan las comunidades no quieren frenar la especulación.

Ellas hablan de libertad, libertad para especular, esa libertad que conceden a todo aquel que se quiera forrar a manos llenas convirtiéndose en rentista, sobre todo los grandes propietarios.

Pero también hay cuestiones que llevan mucho tiempo ya en vigor como, por ejemplo, la prohibición de cobrar honorarios a los inquilinos. Y eso muchas inmobiliarias lo siguen haciendo, algunas a cara descubierta, en esos anuncios que las autoridades autonómicas de consumo no se preocupan mucho en controlar ni en sancionar.

Se hace demasiado la vista gorda y cuando denunciamos y logramos una multa esta suele ser ridícula, como las que está aplicando en Andalucía el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla contra inmobiliarias, que al final pagan por un fraude exactamente lo mismo que le cobran a un inquilino víctima de ese fraude y todo lo que le cobren a los demás es beneficio.

Es como si les molestara asumir su obligación de controlar el cumplimiento de las leyes que protegen a los usuarios en materia de vivienda.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.

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Editorial del episodio 132 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.