El ministerio ha sancionado hasta la fecha a ocho empresas denunciadas por la asociación, que en 22 años ha recibido un total de 7,7 millones de euros en subvenciones. Bustinduy se las ha recortado en un 34%.
Consumo impone 183 millones en multas tras denuncias de FACUA: 24 veces lo que la asociación ha recibido en subvenciones en toda su historia
El importe de las ocho primeras multas impuestas por Consumo tras denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción equivale a casi 24 veces el dinero destinado a la asociación por los ministerios con competencias en protección de los consumidores en toda su historia.
Las ocho sanciones suman 182.884.534 euros. Desde 2005, primer año en que FACUA recibió ayudas públicas del ministerio, las subvenciones recibidas ascienden a 7.691.801 euros. Subvenciones que han oscilado desde los 79.777 euros recibidos en ese primer ejercicio hasta los 686.904 de 2023. El ministerio de Pablo Bustinduy ha recortado esa cifra este año en un 34,4%, situándola en 450.340 euros.
Las ocho impuestas tras denuncias de FACUA representan casi la mitad de las multas y el 73,7% del importe total de las sanciones que ha dado a conocer el ministerio hasta la fecha. En total, Consumo ha hecho públicos expedientes sancionadores a 17 empresas por un montante de 248.288.845 euros.
En la anterior legislatura, el ministerio atendió las reivindicaciones de FACUA e introdujo un cambio legal por el que asumió competencias sancionadoras ante fraudes masivos. Desde entonces, ha impuesto ocho multas con origen en denuncias de la asociación que suman un total de 182.884.534 euros. Las empresas sancionadas son Ryanair (107.775.777 euros), Vueling (39.264.412 euros), EasyJet (29.094.441 euros), Norwegian (1.610.001 euros), Volotea (1.189.001 euros), Alquiler Seguro (3.600.902 euros), Reggaeton Beach Festival (320.000 euros) y Mercadona (30.000 euros).
FACUA subraya que el beneficio social de las ayudas públicas va mucho más allá del importe de las sanciones que provocan sus denuncias. Su labor también revierte ese dinero a la sociedad ayudando a los consumidores a esquivar abusos o a defenderse de ellos. Ayudándoles, en definitiva, a que no malgasten su dinero en empresas que van a defraudarlos, a que los contratos que firman acaben cumpliéndose o a lograr que recuperen las cantidades que les hayan cobrado de forma ilícita.
