Comienza este viernes en Sevilla el juicio por el caso Magrudis

Este viernes 16 de septiembre comienza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla el juicio promovido contra la empresa Magrudis por el brote de listeriosis surgido en 2019 debido a la distribución por parte de esta empresa de carne mechada contaminada con dicha bacteria, que dejó cuatro fallecidos, seis abortos y cientos de afectados.

FACUA-Consumidores en Acción, que ejerce la acusación particular en la causa en representación de 64 afectados, ha pedido para los encausados penas de prisión de entre cuatro y doce años, según la gravedad de los delitos, además de las indemnizaciones que se determinen.

La asociación ha pedido para José Antonio Marín Ponce, administrador fáctico de la empresa Magrudis SL, doce años de prisión; nueve años por el concurso ideal de delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y tres años por falsedad en documento oficial.

También solicita para José Antonio 13 años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano y una multa de 15 euros al día durante 12 meses.

Diez y seis años de prisión para sus hijos y su mujer

Para Sandro José Marín Rodríguez, hijo de José Antonio y administrador único de la mercantil, se piden un total de diez años y un día de cárcel por los mismos delitos que el padre -de los que ocho años y un día son por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia y dos por falsedad en documento oficial-. También se le requiere diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, y una multa de 15 euros al día durante ocho meses.

Para Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, hijo y mujer del administrador fáctico de Madrudis SL, se solicitan seis años y un día de prisión por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, además de nueve años y un día de inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano.

FACUA requiere para la inspectora veterinaria municipal, María José O.B., un total de 10 años y un día de prisión; seis años y un día por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y cuatro por falsedad en documento público.

Para la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla se piden además nueve años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la inspección y supervisión de establecimientos y productos destinados al consumo humano, y cuatro años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como autoridad o funcionario público, además de una multa de 15 euros al día durante diez meses.

Por su parte, se solicita para Sergio L.G., arquitecto técnico, una pena de dos años años de prisión y una multa de 15 euros al día durante ocho meses por los delitos de falsedad en documento oficial.

Para las empresas Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL se pide a la jueza que imponga una multa de 150 euros al día durante tres años, además de la pena de disolución de la persona jurídica por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia.

Además de lo anterior, FACUA también ha solicitado que se consideren responsables civiles a Axa, la compañía de seguros de Magrudis, y al Ayuntamiento de Sevilla, por no haber cumplido con diligencia con sus labores en lo relacionado con la tramitación y supervisión en la concesión de la licencia de apertura e inicio de actividad, ni posteriormente cuando Magrudis estaba en funcionamiento en lo referido a las inspecciones veterinarias que debía realizar periódicamente la administración pública.

Sin cambios en la normativa

FACUA critica que, pese al tiempo transcurrido desde que estalló el caso Magrudis y la gravedad de los hechos, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 siga sin impulsar una modificación de la normativa para obligar a que cualquier empresa tenga la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que puedan sufrir los consumidores.

De igual forma, lamenta que la Junta de Andalucía tampoco haya mejorado sustancialmente sus protocolos de información ante alertas alimentarias, ni que el Ayuntamiento de Sevilla —que en su momento no cumplió con sus responsabilidades de control— siga sin haber solucionado su importantísimo déficit en el número de veterinarios y de inspecciones de consumo que realiza en su labor de vigilancia de empresas dedicadas al suministro y fabricación de productos alimentarios.

Dejación de responsabilidades

FACUA considera escandaloso la grave dejación de responsabilidades del Ayuntamiento al no haber adoptado medidas contra Magrudis tras haber constatado ya irregularidades en su primera inspección, que tuvo lugar en noviembre de 2016.

Además, en julio de 2017, la Inspección de Consumo decidió, de forma indebida, reducir el nivel de riesgo de Magrudis y la pasó de la A -la más alta- a la C. La inspectora, la misma que había visitado la fábrica ocho meses atrás, concluyó que la empresa había dejado de distribuir sus productos en la provincia de Sevilla y que ya sólo lo hacía en la capital, lo que provocó que se ampliara el plazo para realizar las inspecciones periódica. Así, pasó de ser semestral a una sola inspección cada 18 meses. Inspección que volvía a corresponder en enero de 2019 y que nunca se realizó hasta que siete meses después estalló la alerta alimentaria por la Listeria en productos de Magrudis.

El último y posiblemente más grave de este cúmulo de despropósitos se produjo en diciembre de 2018. Tras cinco años y medio operando de forma clandestina en lo que se refiere a la licencia municipal, Magrudis presentó a la Delegación de Medio Ambiente una declaración responsable y desde el consistorio no se procedió a paralizar la actividad de la empresa. Y es que en realidad el fabricante de los productos La Mechá estaba obligado a solicitar una licencia de actividad, que implica una inspección municipal en el plazo máximo de un mes para dar o no el visto bueno a que la empresa operase.