FACUA pide a los partidos del Congreso que aprueben las medidas de protección de los inquilinos que recogen los decretos sobre vivienda

FACUA-Consumidores en Acción pide a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados que voten a favor de los dos reales decretos-ley aprobados por el Gobierno con el objetivo de reforzar los derechos de los inquilinos, frenar la especulación y proteger el alquiler.

Ambos textos incorporan medidas dirigidas a proporcionar una mayor estabilidad a los hogares que viven de alquiler, entre ellas la posibilidad de prorrogar determinados contratos, así como actuaciones destinadas a regular los alquileres temporales y de habitaciones y movilizar vivienda vacía.

La asociación considera que los decretos presentan importantes carencias y que algunas de las medidas planteadas resultan insuficientes para hacer frente a la dimensión de la crisis habitacional. Tampoco comparte algunas de las medidas contempladas y considera que existen aspectos que deberían ser modificados y mejorados. No obstante, entiende que su aprobación sería un primer paso para aumentar el marco de derechos de las millones de personas que viven de alquiler en nuestro país.

Un punto de partida para seguir avanzando

FACUA considera relevante que se avance en la protección de los inquilinos frente a la pérdida de su vivienda y en la estabilidad de los contratos vigentes. El decreto que se votará este viernes en el Congreso contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos, además de nuevas reglas para los alquileres temporales y de habitaciones.

Si bien estas medidas no resuelven el problema del acceso a la vivienda, sí pueden ser un punto de partida para sentar las bases y seguir avanzando en la protección de los arrendatarios.

FACUA entiende que la respuesta a la emergencia habitacional no puede limitarse a medidas coyunturales. Por ello, considera necesario desarrollar una política que garantice el derecho a una vivienda digna y asequible, se aumente de manera sustancial el parque público de alquiler, se frene la especulación en el sector y se impulsen mecanismos eficaces de protección para las familias y personas vulnerables que no pueden hacer frente a los actuales precios del mercado.

Reivindicaciones de FACUA

FACUA lleva años reivindicando medidas como la posibilidad de imponer multas a los caseros que no cumplan sus obligaciones, penalizaciones fiscales a las viviendas vacías, la expropiación del derecho de uso cuando sean propiedad de grandes tenedores para destinarlas al alquiler a precios regulados y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que pasen a ser indefinidos en lugar de estar limitados a cinco o siete años —si el arrendador es persona jurídica—.

La asociación considera que los inquilinos necesitan una estabilidad que no les ofrece la LAU, que rechaza los argumentos que esgrimen que la renovación automática de los contratos con carácter indefinido desincentiva el alquiler con fines de vivienda habitual.

Congelación de rentas e indemnizaciones ante abusos

Asimismo, FACUA reivindica la congelación de los precios de los alquileres ante los elevados niveles de inflación, de manera que de forma coyuntural su actualización no se vincule al IPC y quienes formalicen nuevos contratos no puedan aplicar incrementos.

Por otro lado, reclama la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas tendrían que abonar a los inquilinos que las denuncien. También el reconocimiento legal del carácter de consumidor que tiene el inquilino, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, con lo que podrían ser multadas por las autoridades autonómicas de consumo.

En cualquier caso, el debate parlamentario debe servir para mejorar las medidas y corregir sus insuficiencias. Las discrepancias sobre determinados aspectos de los decretos no deben impedir que entren en vigor un paquete de medidas que supondría un paso importante para la protección de los inquilinos. De este modo, la asociación considera necesario avanzar hacía un sistema que sitúe el derecho de acceso a una vivienda digna por encima de los intereses especulativos.