FACUA ve insuficientes las medidas que plantea el PSOE y reclama alquileres indefinidos y expropiaciones de pisos vacíos a grandes tenedores

FACUA-Consumidores en Acción considera insuficientes las medidas en materia de vivienda que pretende aprobar el PSOE este martes en el Consejo de Ministros para elevarlas al Congreso. Entre otras iniciativas que no contempla el Partido Socialista, la asociación reclama multas a los caseros que no cumplan sus obligaciones, penalizaciones fiscales a las viviendas vacías, la expropiación del derecho de uso cuando sean propiedad de grandes tenedores para destinarlas al alquiler a precios regulados y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que pasen a ser indefinidos en lugar de estar limitados a cinco o siete años —si el arrendador es persona jurídica—.

Los inquilinos necesitan una estabilidad que no les ofrece la LAU, advierte FACUA, que rechaza los argumentos que esgrimen que la renovación automática de los contratos con carácter indefinido desincentiva el alquiler con fines de vivienda habitual. Y es que la seguridad jurídica de un casero ante impagos reiterados es la misma sea cual sea la duración de los contratos y siempre tiene derecho a recuperar la vivienda si necesitan vivir en ella tanto él como su expareja o un familiar en primer grado de consanguinidad. La asociación señala que solo sería necesario introducir el derecho a cancelar el contrato si, una vez finalizado un primer periodo, el propietario vende la vivienda.

Congelación de rentas e indemnizaciones ante abusos

Asimismo, FACUA reivindica la congelación de los precios de los alquileres ante los elevados niveles de inflación, de manera que de forma coyuntural su actualización no se vincule al IPC y quienes formalicen nuevos contratos no puedan aplicar incrementos.

Por otro lado, la asociación reclama la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas tendrían que abonar a los inquilinos que las denuncien.

FACUA exige en este sentido el reconocimiento legal del carácter de consumidor que tiene el inquilino, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, con lo que podrían ser multadas por las autoridades autonómicas de consumo.