FACUA Cádiz denuncia que el Ayuntamiento se niega a responder a un afectado sobre el motivo de la retirada de su ayuda al alquiler

FACUA Cádiz denuncia el comportamiento que está manteniendo el Ayuntamiento de la ciudad ante una familia que perdió en febrero de 2026 la ayuda municipal que contribuía al pago de su alquiler, tras haber sido desalojado en 2015 de su vivienda, ubicada en el número 11 de la calle Arbolí, tras proceder a la expropiación de la finca en la que se encontraba.

Tras la retirada de la ayuda, el afectado pidió conocer qué baremo, límite de ingresos y criterios había utilizado el Ayuntamiento para decidir retirarle la prestación, concedida tras el desalojo atendiendo a que su situación económica no le permitía asumir el pago del alquiler de otra vivienda. Ante la falta de respuesta a su petición, solicitó la ayuda de FACUA Cádiz, que, en su representación, reiteró la petición.

Tras varios meses de espera, el Ayuntamiento ha contestado a la asociación inadmitiendo la solicitud, alegando cuestiones como la falta de acreditación de la representación, la normativa de protección de datos, o que este asunto queda fuera del ámbito de aplicación del Sistema Arbitral de Consumo, mecanismo que resuelve las reclamaciones de los consumidores contra las empresas. FACUA Cádiz discrepa de estos argumentos, considerando especialmente absurdo la referencia al arbitraje, ya que la asociación, obviamente, nunca solicitó su celebración, sino que, simplemente pidió conocer por qué se había retirado la ayuda a su socio y qué criterios se habían aplicado para adoptar tal decisión.

Asimismo, la asociación considera indignante que el consistorio ponga en duda la legitimidad de la representación que ejerce de sus afiliados, ignorando el derecho que a tal efecto le otorga la normativa vigente y tras más de 40 años de ejercicio de su actividad en defensa de los consumidores.

La asociación considera especialmente grave la falta de sensibilidad del ayuntamiento ante la situación que padece su socio, de 74 años, que tuvo que abandonar la vivienda que ocupaba en régimen de alquiler desde hacía más de 40 años como consecuencia de un desalojo ordenado por el propio Ayuntamiento por motivos de seguridad y al que, once años más tarde, todavía no se le ha facilitado el acceso a otra vivienda.

FACUA Cádiz lamenta que, ante una situación de estas características, el consistorio no ofrezca una respuesta clara ni muestre un compromiso efectivo con garantizar una alternativa habitacional a una familia que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que, por ello, carecen de recursos suficientes para acceder a una vivienda en alquiler.

Además, tanto FACUA Cádiz como el propio afectado han solicitado información sobre el futuro de la finca de la calle Arbolí y sobre la posibilidad de ser realojado en la misma, atendiendo a que el ayuntamiento ha anunciado su intención de rehabilitar la finca y destinarla a viviendas sociales. El ayuntamiento y Procasa tampoco han respondido a esta cuestión.

FACUA Cádiz ha presentado alegaciones contra la resolución municipal por la que se le deniega la información solicitada y ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz la actuación del Ayuntamiento, reclamando que se facilite al afectado una respuesta clara, concreta y motivada y toda la información necesaria sobre la cancelación de su ayuda.

A juicio de esta organización, este caso evidencia la falta de compromiso con las personas vulnerables que no pueden acceder a una vivienda por parte del Ayuntamiento de Cádiz, al que reclama que las políticas municipales de vivienda y servicios sociales se traduzcan en respuestas y soluciones reales.